Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 672. Septiembre 8,
2016. p. 5)
En las más de 700 páginas del 4to informe de gobierno y en
las otras 800 páginas de anexos estadísticos no apareció nada. Poco más de un
mil quinientas páginas y ninguna referencia. Ni siquiera una mención a esa
oficina que desde el primer año de la actual gestión forma parte de la
estructura administrativa de la presidencia de la República.
Así es. Ninguna información pública sobre la actividad de la
Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación (CCTI), esa instancia dependiente del ejecutivo
federal, creada en sustitución de una secretaría para el sector y para
apaciguar el ánimo centrípeto de una parte de la comunidad científica.
Tal vez el encuentro de Enrique Peña Nieto con jóvenes
talentosos –ese que sustituyó la ceremonia de mensaje a la nación con motivo
del informe de gobierno— era el momento más adecuado para destacar la
influencia y logros de esa peculiar oficina de la presidencia. Claro, si es que
había algo de qué presumir. No es el caso.
La CCTI quedó instalada en abril de 2013, al publicarse en
el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la oficina de la
presidencia de la República. El primer titular fue Francisco Bolívar Zapata y
ocupó el cargo hasta septiembre de 2015. Los siguientes seis meses la
coordinación estuvo vacante y nadie pareció extrañarla. Después, en abril de
este año, fue nombrado Elías Micha.
Sin embargo, solamente en el año de creación de la
Coordinación, el hecho fue mencionado en el primer informe de gobierno: “En
este sentido, destaca la reciente creación de la Coordinación de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República para
apoyar, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
a la Presidencia de la República en estos temas” (p. 355). Pero ese apoyo no se
lee ni se publica.
¿Qué funciones tiene la CCTI? El reglamento correspondiente
le adjudica una decena de funciones, unas son de colaboración con otras
instancias para la elaboración de diagnósticos, informes o recomendaciones para
el sector. En esa condición, las acciones bien pueden aparecer o estar
reportadas en las actividades que realizan otros organismos.
Sin embargo, otras funciones están claramente bajo la
exclusiva responsabilidad de la CCTI. Por ejemplo, “impulsar acciones para que
la ciencia, la tecnología e innovación se conviertan en palanca real de
desarrollo”. O bien, propiciar la vinculación del ejecutivo federal con
instancias públicas y privadas de desarrollo tecnológico, lo mismo que formular
recomendaciones para la realización de estudios especializados.
Hasta ahora no se sabe, por lo menos públicamente, si la CCTI
ha ejercido algunas de sus funciones y cuáles han sido sus resultados. Lo único
que se informó el año pasado es que en lugar de estar adscrita directamente a
la jefatura de la oficina de la presidencia de la República, como estaba
originalmente, desde el 2005 depende de otra coordinación de esa misma oficina.
Es decir, las modificaciones a la estructura administrativa
de apoyo a las actividades de la presidencia solamente han sido nominales; se crearon
unas instancias, se renombraron otras y se fusionaron unas más. Pero, como lo
hemos constatado, la capacidad técnica o ejecutiva no mejoró.
Ni antes ni después de las modificaciones quedó claro el
papel de la CCTI y qué tan necesaria ha sido en estos años de operación. Mucha
rendición de cuentas no parece haber. A juzgar por los cambios de adscripción y
la ausencia de información, su creación ha sido francamente irrelevante para el
sector.
Otra novedad del 4to informe de gobierno, una auténtica novedad,
es que dice que desde mayo de este año se puede consultar el Repositorio Nacional.
Sí, esa plataforma digital que debe dar acceso a la información científica y
tecnológica generada con recursos públicos o que haya utilizado infraestructura
pública en su realización.
Los plazos normativos indicaban que el Repositorio Nacional
debía estar en operación a partir del pasado mes de mayo. Pero no lo estuvo. Solamente
fue puesto un vínculo en la página web
de Conacyt en el que poco a poco aparecieron repositorios institucionales con
cierta heterogeneidad. Probablemente el asunto de la interoperabilidad resultó
más complejo de lo que se tenía previsto.
Ahora, el informe de gobierno reporta que: “Hasta
junio de 2016, se apoyó a 35 instituciones para el desarrollo de sus
repositorios y se construyeron 27 repositorios institucionales de los 26
Centros Públicos de Investigación del CONACYT y el de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales” (p.
422).
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